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Deudas: ¿Pago en Dólares o Pago en Pesos?

por Hernán Frisone (Asociado Honorario de Alta Gerencia Internacional - Argentina).










por

Hernán Frisone

(Asociado Honorario de Alta Gerencia

Internacional - Argentina y Speaker AGI)










CONSIDERACIONES REFERIDAS AL CONFLICTO QUE SURGE DE LOS ARTÍCULOS 765 Y 766 DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

¿PAGO EN PESOS O PAGO EN DÓLARES?


I. Introducción social a la problemática de la cuestión

La regulación de las obligaciones en moneda extranjera resulta una cuestión de suma importancia para los argentinos, quienes están acostumbrados a valuar los bienes de capital y a realizar las transacciones importantes en dólares estadounidenses principalmente, o en otro tipo de monedas (euros/reales/libras).


En este sentido, la conducta adoptada tiene en gran medida justificación por la evidente debilidad de la moneda nacional y su deterioro a lo largo de la historia de nuestro país. No hay otra razón.


Este dato surge de la realidad cotidiana nacional y de las costumbres arraigadas en toda la sociedad de antaño, dado que ningún gobierno ha logrado, querido y/o podido por su propia inoperancia, combatir la inflación y hacer que la moneda que se acuña en nuestra nación sea considerada fuerte y estable para poder pactar obligaciones a corto, mediano o largo plazo en moneda de curso legal.


Como consecuencia de ello, sumado a la prohibición legal de actualización de las obligaciones en moneda nacional impuesta por la ley 23.928, ratificada por la ley 25.561, declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1) (“CSJN”), la celebración de contratos con prestaciones obligacionales en moneda extranjera ha resultado un legítimo instrumento para superar los efectos distorsionantes de la alta inflación (2).

En tal sentido, se ha sostenido que la prohibición legal de la actualización monetaria se aplica respecto de las deudas en moneda nacional de curso legal, lo cual dejar fuera de ella a las obligaciones en moneda extranjera (3).

II. Breve reseña histórica del tratamiento de la cuestión en la ley


Hay tres momentos significativos en la legislación argentina sobre esta cuestión.


El primero, desde la sanción del Código Civil de Vélez Sársfield (1869) (Cód. Civil) hasta la sanción de la Ley de Convertibilidad N° 23.928 (Marzo de 1991). Durante ese primer período, la moneda extranjera era considerada como una "cosa" y las obligaciones que la involucraban, se calificaban como "obligaciones de dar cantidades de cosas" (4).


El segundo, abarca desde la sanción de la Ley de Convertibilidad N° 23.928 (Marzo de 1991) hasta la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (“CCCN”) en Agosto de 2015, durante el cual, producto de lo establecido por aquella, se otorgó a la moneda extranjera un trato similar a la moneda nacional en la República Argentina.


Entre otras reformas introducidas por esta ley, se modifican los arts. 617 y 619 del Cód. Civil, estableciéndose que si la obligación es de entregar moneda que no sea de curso legal, la obligación será considerada como de dar sumas de dinero (5) y el deudor cumple la obligación dando la especie designada, el día de su vencimiento (6), como resultado de la aplicación del principio de identidad del pago.


El tercer momento comienza con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (Agosto de 2015).


El cual al abordar las obligaciones de dar dinero, apartándose del Anteproyecto elaborado por la Comisión Redactora, dispone en su art. 765 el concepto de "moneda extranjera = cosa" y agrega en su parte final que "...el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal” (7).


III. El Código Civil y Comercial de la Nación su regla general y las excepciones


Llegamos así a la normativa actual, esto es al Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), vigente desde el 1 de Agosto de 2015 en nuestro país conforme ley 26.994 que estableció una regla general y varias excepciones a la regla, que valen la pena enumerar.


La regla general, puede que a primera vista no sea clara, dado que a priori habría una supuesta y notoria contradicción en la normativa que ha llevado a la jurisprudencia y doctrina a escribir ríos de tinta para intentar dar una explicación lógica y razonable.


Es que el art. 765 establece: “Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal”.


Pero, el art. 766 indica: “El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada”.



Indudablemente, a todos nos surge la duda de cómo se libera el deudor de este tipo de obligaciones pactadas en moneda que no es de curso legal (dólares americanos), aplicando todos los profesionales de la matrícula casi en forma automática como un dogma que se repite y no se cuestiona el art. 765 si se asesora al “solvens” (quien paga) (8) que en general es el deudor; y, el art. 766 si se representa al “accipiens” (quien recibe lo pagado) (9) que en general es el acreedor.


Pero la realidad, es que sin perjuicio de a quién se deba representar, debe o debería existir una solución pacífica, armónica y uniforme al conflicto a efectos de que se brinde un adecuado servicio de justicia (10) y si bien parece que hay una contradicción entre ambos artículos, ella no es insuperable si usamos la lógica y otros elementos del derecho que incluso surgen del propio CCCN.


Sin perjuicio de lo expuesto, haya o no contradicción entre las normas lo que evidentemente hay, es una mala o defectuosa redacción. De eso no caben dudas.


Pero de la atenta y detenida lectura de ambas normas en conflicto podemos concluir que el legislador optó por otorgar al deudor de una obligación en moneda extranjera, como regla general, la facultad de liberarse de su deuda mediante la entrega de la cantidad de moneda de curso legal equivalente a la cantidad de moneda extranjera que debe.


De tal forma, salvo excepciones, el deudor tiene la facultad de pesificar la prestación en moneda extranjera que se había comprometido cumplir.


Las excepciones a esta regla general (art. 765), existen en determinados contratos donde el deudor no puede ejercer esa facultad de abonar con otra moneda diferente de la pactada.


En efecto, no se puede hacer uso de la facultad del art. 765 en diversos contratos bancarios, como el de depósito bancario (art. 1390), el de préstamo bancario (art. 1408), el de descuento bancario (art. 1409) y el de apertura de crédito (art. 1410), donde la obligación del banco debe ser cumplida “en la moneda de la misma especie”. De la misma forma, en el contrato de mutuo, donde el mutuario se obliga a devolver “igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie” (art. 1525); asimismo, los intereses compensatorios “se deben pagar en la misma moneda prestada” (art. 1527).


Es decir que en todos estos contratos, el deudor no podrá liberarse entregando el equivalente en moneda de curso legal.


Finalmente, debe sumarse como excepción, al art. 44 párrafo 3 del decreto/ley 5965/63 referido a letras de cambio o pagarés en tanto sigue vigente, y en cuanto impone que: “el librador haya dispuesto expresamente que el pago deba efectuarse en una moneda determinada (cláusula de pago efectivo en moneda extranjera)”; en cuyo caso, el deudor tampoco puede liberarse pagando en moneda de curso legal.


Si esa cláusula no está contenida en el título ejecutivo (letra de cambio o pagaré) el deudor se pueda amparar en el art. 765 y puede pesificar la deuda haciendo uso además del art. 44 párrafo 1 del referido decreto/ley.


IV. Necesaria interpretación y análisis integral de las normas supuestamente en conflicto bajo los parámetros de la CSJN y demás normas del CCCN


Sabido es que existen numerosos métodos de interpretación de las normas jurídicas, y que, de acuerdo a cuál sea el método aplicable podrá arribarse a resultados interpretativos distintos.


Pero en el caso veremos como todos ellos llevan a una sola conclusión, y es la necesaria aplicación del art. 765 como regla general, estando vigentes y siendo aplicables según el caso, ambas normas a su debido tiempo.

IV.1. Interpretación literal


La primera fuente de interpretación de la ley es su letra. Así se ha dicho que “In claris nom fit interpretatorio”.


Por lo tanto, es menester recordar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que señala que, cuando una norma es clara y no exige mayores esfuerzos interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (11), puesto que es adecuado, en principio, dar a las palabras de la ley el significado que tienen en el lenguaje común (12).


En este orden, no cabe admitir una interpretación de las disposiciones legales o reglamentarias que equivalga a la prescindencia de su texto, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad (13).

Un consolidado principio de interpretación establece que las palabras utilizadas en la ley deben ser entendidas con los significados que habitualmente se les atribuya en la comunidad en la que dicha ley debe regir. Ello así, excepto que los legisladores hayan decidido apartarse de tales significados corrientes; y además hayan señalado, de modo inequívoco, esta decisión (14).


El art. 765, establece en forma clara y concreta que “la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal”.


Mientras que el 766 dispone “El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada”.


La claridad del legislador puede ser que no haya sido abrumadora, no obstante ello es evidente que ha pretendido dar un terminante mensaje sobre que se puede hacer en tal caso, aunque le ha faltado precisión, brindando una regla general y muchas excepciones al caso.


Una interpretación distinta a lo que claramente sus palabras indican, equivale a prescindir del texto, sin debate ni declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad.

IV.2. Interpretación conforme la ratio legis


Tiene dicho la Corte que cuando la letra de la Ley, como primera fuente de exégesis, no define la cuestión, resulta adecuado interpretar la norma en concordancia con el contexto

general y los fines que la informan (15).


En el caso, si bien la letra de la ley puede no ser tan clara y presta a confusión, no podemos olvidar los claros fines y principios de los mencionados artículos del código, su fundamento y objetivos, motivo por el cual por esta otra vía también se acredita que la norma no puede dejar de ser aplicada como surge de la mayoría de los fallos que avalan la postura casi automática del art. 766 y que casi destierran la del art. 765.


IV.3. Interpretación sistemática


Es válido apartarse de las palabras cuando su interpretación sistemática así lo exige, lo cual no ocurre en el caso.


La Corte ha puesto de relieve que la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico del que es base normativa deben ser examinados como un todo coherente y armónico, en el cual cada precepto recibe y confiere su inteligencia de y para los demás. De tal modo, ninguno puede ser estudiado aisladamente sino en función del conjunto normativo, es decir, como partes de una estructura sistemática considerada en su totalidad. Esa interpretación debe tener en cuenta, además de la letra, la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad (16).


En el caso, no puede apartarse de las palabras de la ley, pues la interpretación sistemática de la norma conduce al mismo resultado que la literal.


En efecto si se analizan ambos artículos, y se los relaciona a otros institutos relacionados con el derecho de las obligaciones (madre de todo nuestro ordenamiento jurídico), fácilmente concluiremos en que la interpretación sistemática se ciñe a la literal y a su ratio legis.

IV.4. La voluntad del legislador


Ha dicho también la Corte que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la voluntad del legislador (17) y que ese propósito no debe ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación legal (18).

Y también dijo que es propio de la tarea judicial indagar sobre el espíritu de las leyes más que guiarse por el rigor de las palabras en que ellas han sido concebidas (19).


La Corte reconoció como elemento valido para establecer la voluntad del legislador, los antecedentes parlamentarios (20).


En el caso, es claro que el legislador, pretendió brindar el derecho al deudor de liberarse de esa forma suplementaria, brindando una facultad a su elección.


IV.5. Colofón


Surge entonces absolutamente claro que por la vía que se procure interpretar las normas procesales involucradas, siempre se arriba a la misma conclusión, el art 765 está vigente y es aplicable a elección del deudor.


La ley es clara, y si la aplicamos en su extensión, literalidad y espíritu, no hay como hemos visto posibilidad de cuestionamientos.


En cambio, si es aplicada en unos casos sí, y en otros no, la seguridad jurídica se ve afectada de forma fulminante y letal.


La solución hermenéutica, es mantener la plena vigencia de ambas normas y determinar cuándo o mejor dicho hasta cuándo es aplicable una y desde cuándo la otra, para ello es necesario considerar a las obligaciones en moneda extranjera como un supuesto de obligaciones facultativas, conforme lo pasaré a explicar.


Es que el nuevo Código ordena, como regla de interpretación de las normas, que estas deben ser interpretadas de acuerdo al significado de sus palabras, y propone que luego se debe recurrir a la finalidad de aquellas y a la analogía (art. 2).


Asimismo, es un criterio pacífico que el intérprete debe esforzarse por alcanzar la solución que permita brindar sentido a todas las normas al mismo tiempo, sin descartar ninguna; aun cuando pueda aparecer alguna contradicción que, a primera vista, parezca insalvable.

Por último, cada norma debe ser interpretada en coherencia con todo el ordenamiento jurídico.




V. Interpretación posible y armónica de los arts. 765 y 766 en base a la hermenéutica


La supuesta contradicción en la redacción de estos artículos que tantos problemas ha traído a abogados, jueces y a los justiciables que ante esta situación tienen una real incertidumbre sobre el monto que se “debe/puede” pagar o que se “debe” aceptar según de qué lado de la relación jurídica estén, se originó, como ya se dijo, por la modificación introducida por el Poder Ejecutivo Nacional al elevar al Congreso el proyecto de ley del nuevo Código.


Ello produjo un desajuste entre la nueva versión dada al art. 765 y el mantenimiento del texto del art. 766.


Al agregarse al art. 765 la facultad del deudor de ese tipo de obligaciones de liberarse entregando el equivalente en moneda de curso legal, parece contradictorio haber mantenido el texto del art. 766 que ordena “entregar la cantidad de la especie designada”.


Bajo esos parámetros, debemos buscar una solución que otorgue sentido a ambas normas que parecen contradecirse: la que faculta al deudor a liberarse entregando el equivalente en moneda de curso legal (art. 765) y la que ordena que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente en la especie designada (art. 766).


La única forma de lograrlo es una interpretación que permita aplicar el art. 765 en un supuesto y el art. 766 en otro.


Una primera pauta para encontrar una solución a la cuestión es advertir que, si la regulación de obligaciones en moneda extranjera permite su cumplimiento mediante dos tipos de prestaciones distintas, debemos recurrir a las clases de obligaciones con pluralidad de prestaciones.


Al tratar sobre las distintas clases de obligaciones, el CCCN establece que las obligaciones con dos o más prestaciones posibles pueden ser obligaciones “alternativas” o “facultativas”.


El art. 779 dice sobre la obligación alternativa “tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí. El deudor está obligado a cumplir una sola de ellas”.


En cambio, el art. 786 dispone que la obligación facultativa “tiene una prestación principal y una accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar”.


Algunos autores consideran que las obligaciones en moneda extranjera son un supuesto de obligación alternativa (21).


Debemos recordar que las obligaciones facultativas constituyen un supuesto de excepción legal al principio de identidad del objeto del pago (22), según el cual “el acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor” (art. 868).


Las obligaciones facultativas son una excepción (admitida por la propia ley) al principio de identidad del pago, pues se debe una prestación (principal) y es posible pagar cumpliendo con una prestación distinta (accesoria) (23).


Si comparamos estos conceptos con el régimen de las obligaciones en moneda extranjera, podemos concluir que estas son un supuesto de obligación facultativa.


Lorenzetti rechaza esta postura aunque llamativamente tampoco se inclina por considerarla una obligación alternativa, por considerar que de acuerdo al art. 766 no hay una prestación principal y otra accesoria (24).


Si bien las prestaciones posibles (entrega de cantidad en moneda extranjera o de cantidad equivalente en moneda de curso legal) son distintas entre sí, no son independientes una de la otra; como exige el art. 779 para poder considerar a las obligaciones en moneda extranjera como un supuesto de obligación alternativa.


Luego de analizar la cuestión considero que la postura acertada es la de aquellos (25) que ven a este tipo de obligaciones como facultativas, en tanto, parece evidente que en las obligaciones en moneda extranjera existe una prestación principal (entregar la cantidad de moneda pactada) y una prestación accesoria (entregar el equivalente en moneda de curso legal).


Asimismo, es claro que el deudor de una obligación en moneda extranjera puede ejercer “una facultad” (recaudo común de las obligaciones facultativas). Esa facultad consiste en liberarse cumpliendo con la prestación accesoria; es decir, dando el equivalente en moneda de curso legal.


La pregunta del millón es, ¿hasta cuándo el deudor puede hacer uso de esa facultad?

Como ya vimos, las obligaciones facultativas tienen “una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria”. Sin embargo, “el deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar” (art. 786).


Y he aquí el punto neurálgico de la cuestión: “el momento del pago” debe interpretarse como el del vencimiento del cumplimiento de la obligación. Por ello, si el deudor no cumple con la obligación en ese momento entregando el equivalente en moneda de curso legal, ya no podrá hacerlo en el futuro y el acreedor podrá exigir el pago en moneda extranjera (como obligación principal), pues “el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada”, como ordena el art. 766.


La reafirmación del deber de “entregar la cantidad correspondiente de la especie designada” que formula el art. 766 pone en evidencia que esta es la prestación principal, mientras que la facultad del deudor de liberarse “dando el equivalente en moneda de curso legal” brindada por el art. 765 es una prestación accesoria.


Con ello se confirma la caracterización de la obligación en moneda extranjera como un supuesto de obligación facultativa.


VI. Renunciabilidad del art. 765


Los Tribunales vienen expresando que el art. 765 debe interpretarse bajo el parámetro del principio según el cual, las normas relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, salvo que de su modo de expresión, de su contenido, o de su contexto, resulte su carácter indisponible (26), tanto Doctrinarios como Jueces han coincidido en que no hay prácticamente elementos desde la óptica de estos tres parámetros que siquiera sugieran que la facultad del deudor de pagar en moneda nacional es irrenunciable.

La inmensa mayoría de fallos dictados en estos casi 5 años coinciden en la falta de elementos en el CCCN para interpretar que se está frente a una norma de orden público (27) (se refieren al art 765), siguiendo los lineamientos del art. 962.


Al ser entendida como una norma supletoria, se estará a lo que indicaron las partes en el contrato, de allí que sea indispensable que el Contrato que originó esa deuda sea clara, preciso y no deje lugar a dudas, incluso que contenga expresamente una cláusula donde el deudor renuncie al derecho que le concede el art. 765.


VII. Contratos o cláusulas claras para evitar riesgos




El CCCN recepta y mantiene vigentes dos principios fundamentales de nuestro ordenamiento: el principio general ya vigente en el Cód. Civil en sentido que las normas contractuales son supletorias, es decir, se recurre a ellas solamente ante el silencio de las partes del contrato sobre aspectos puntuales y el principio de autonomía de la voluntad de las partes (28).


De momento, tanto la doctrina como la jurisprudencia apuntalan en forma prácticamente unánime que las partes son autónomas para decidir sobre todos los aspectos de un contrato, salvo cuestiones contrarias al orden público, moral y buenas costumbres, incluyendo, ciertamente, lo relativo a la asunción de obligaciones de pago en moneda extranjera, como consecuencia de lo cual, los deudores pueden renunciar a la facultad que les otorga la última parte del art. 765 al no ser de orden público.


Desde un punto de vista estrictamente práctico, para los asesores en materia contractual, queda continuar redactando cláusulas claras, precisas y que recepten todos los elementos que lamentablemente hemos tenido que desarrollar a lo largo de nuestra historia reciente (incluyendo cláusulas bonex, esencialidad de la moneda pactada, haber tenido suficiente asesoramiento, renuncia a la teoría de la imprevisión -hoy art 1091-) para que las partes a quienes representamos tengan oportunidad de asumir obligaciones de contenido dinerario evaluando los riesgos con algo de certeza y previsibilidad, dentro de lo que fuera posible en la República Argentina.


Por ello, considero necesario aclarar que hoy en día es recomendable, si lo que se quiere es pactar un contrato o deuda en dólares y a plazo, que se incluya una cláusula donde el deudor no solo renuncia al derecho del art. 765, sino una cláusula (en la década de los ochenta denominada “cláusula bonex”) donde el deudor afirma que posee la cantidad de dólares estadounidenses billetes en su poder para hacer frente a la deuda, que el pago en dólares es una obligación esencial del contrato y que el deudor renuncia a ejercer la posibilidad de abonar su deuda en pesos al tipo de cambio oficial, caso contrario la cancelará con la cantidad de pesos necesarios para comprar esa moneda en los mercados de Montevideo, Zurich o Nueva York o para comprar la cantidad de bonos necesarios para que el acreedor proceda a su negociación en el mercado que el elija y con el importe obtenido de su venta efectúe la compra de los dólares para la cancelación de lo adeudado.


VII. Conclusiones finales

En base a lo expresado, es claro -a mi entender- que ambos artículos están vigentes y si bien parecen contradecirse, esa contradicción no es tal, en tanto, la regla general es la del art. 765 (muy a pesar de todos los acreedores), salvo las excepciones ya enunciadas de índole contractual (arts. 1390, 1408, 1409, 1410, 1525 y 1527) y la de los títulos de crédito del art. 44 tercer párrafo del decreto/ley 5965/63, existe y es legal hasta el vencimiento de la obligación, luego de él, el deudor no tiene más remedio que pagar en la moneda originalmente pactada.


Esto permite considerar: 1) que las obligaciones tienen una prestación principal (entregar la moneda designada) y una accesoria (entregar el equivalente en moneda nacional); 2) que el deudor está facultado a liberarse cumpliendo con la prestación accesoria, que en este caso es dar el equivalente en moneda de curso legal (art. 765); 3) pero esa facultad, como en toda obligación facultativa, puede ejercerla el deudor solamente hasta el vencimiento de la obligación (art. 786) y no posteriormente; 4) luego del vencimiento, como el deudor debe cumplir la prestación principal, en este caso entregar la cantidad correspondiente de la especie designada (art. 766), aquel solamente podrá liberarse entregando la cantidad pactada en moneda extranjera (prestación principal) y el acreedor podrá ejecutar la obligación en esa misma moneda extranjera.


De tal forma, hasta el vencimiento de la obligación se aplica el art. 765 y el deudor de moneda extranjera puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal; luego del vencimiento se aplica el art. 766 y el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de moneda extranjera.


Por todo ello, en caso de representarse a futuro a un acreedor se necesita ser claro y preciso en la redacción de los contratos procurando insertar la renuncia del derecho del art. 765 y la cláusula denominada “bonex” o similar; y en caso de tener que ser parte de la confección de los títulos ejecutivos (pagarés) es sustancial insertar en ellos la cláusula de pago efectivo en moneda extranjera del art. 44 párrafo tercero del decreto/ley 5965/63, para evitar que el deudor pueda hacer uso del art. 765 hasta el monto del pago.


Puede que no guste la decisión de incluir esa norma en el código sustantivo (de hecho yo no estoy a favor de ella), mucho menos que guste o agrade su uso y ejecución por parte del deudor dado que seguramente se pensará, con acierto y buen criterio, que el deudor se está abusando de su derecho (art. 10), violando la buena fe (arts. 9, 961 y 1061), en tanto si al momento de contratar expresamente pactó dólares, no puede luego pretender librarse abonando pesos y menos al tipo de cambio oficial, afectando de esa forma con su conducta la teoría de los actos propios.


Al respecto vale recordar que la buena fe es “una directiva del ordenamiento jurídico que impone a los sujetos el deber de proceder, tanto en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, como en la celebración, interpretación y ejecución de los negocios jurídicos con rectitud y honradez” (29). Hay mala fe cuando se haya creado una situación en la que la otra parte podría confiar, y luego se actúe contradiciendo la conducta anterior, es decir cuando se afecta la teoría de los actos propios.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se manifestó en numerosas oportunidades sobre la ilegalidad de actuar en contradicción con las conductas anteriores, a tales efectos dijo: “No es lícito hacer valer un derecho en contradicción con la anterior conducta, interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres o la buena fe, pues es dable exigir un comportamiento coherente, que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever” (30).


Pero, a pesar de todo esto, y por más que no guste el art. 765, esa norma está vigente en nuestro derecho; y, paradójicamente, es un derecho que asiste a todo deudor, con lo cual es harina de otro costal discutir sobre la mala fe de aquél si pretende ampararse en ella; y, en todo caso, será tarea del acreedor pedir la inconstitucionalidad de la normativa.


Bibliografía:


[1] CSJN, Fallos: 333:447.

[2] CASIELO, Juan J., “Obligaciones contraídas en moneda extranjera”, JA, número especial, 2015-IV, fascículos 11, Buenos Aires, 16/12/2015, págs. 8/11.

[3] ALTERINI, Atilio A. - AMEAL, Oscar J. - LÓPEZ CABANA, Roberto M., “Derecho de las obligaciones civiles y comerciales”, 2ª ed. actualizada, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998, pág. 484.

[4] Art. 617 del Código Civil en su redacción original: "Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas".

[5] Art. 617 del Código Civil en su redacción luego de las modificaciones introducidas por la Ley de Convertibilidad: “Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero.”

[6] Art. 619 del Código Civil, conf. redacción Art. 13 de la Ley N°23.928.

[7] Art. 765 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación.

[8] ALTERINI, Atilio A. - AMEAL, Oscar J. - LÓPEZ CABANA, Roberto M., “Curso de Obligaciones”, Tomo I, Cuarta Edición (1990), pág. 98.

[9] ALTERINI, Atilio A. - AMEAL, Oscar J. - LÓPEZ CABANA, Roberto M., “Curso de Obligaciones”, Tomo I, Cuarta Edición (1990), pág. 98.

[10] CSJN, Fallos: 23:550, 247:176, 274:273, entre otros.

[11] CSJN, Fallos: 308:1745; 320:2145; 324:3345.

[12] CSJN, Fallos: 302:429; 324:3345.

[13] CSJN, conf. doctrina de Fallos: 285:353; 301:958; 307:2153; 324:3345.

[14] CSJN, Fallos: 248:111; 320:74.

[15] CSJN, Fallos: 285:332; 322:1699.

[16] CSJN, Fallos: 320:875 consid. 15.

[17] CSJN, Fallos: 182:486; 184:5; 186:258; 200:165; 281:147; 302:973.

[18] CSJN, Fallos: 257:99; 259:63; 271:7; 302:973.

[19] CSJN, Fallos: 308:1864; 323:2117.

[20]CSJN, Fallos: 308:1861; 313:1149; 323:3386.

[21] AZAR, Aldo Marcelo, “El Régimen de las obligaciones en moneda extranjera en el Código Civil y Comercial de la Nación”, JA, Fascículo citado en nota 3, págs. 24/32. El mismo autor sostuvo tal posición, en forma minoritaria, en las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Conclusión 13.2, fascículo citado, pág. 148.

[22] GUFFANTI, Daniel B., “Obligaciones. Sobre los derechos y deberes de acreedores y deudores”, Buenos Aires, ED, 2016, t. I, pág. 366, nº 147.8

[23] LLAMBÍAS, Jorge J., “Tratado de derecho civil - Obligaciones”, 3ª ed. actualizada, Buenos Aires, Perrot, 1978, pág. 353 y sigs. ALTERINI, Atilio A. - AMEAL, Oscar J. - LÓPEZ CABANA, Roberto M., “Derecho de las obligaciones”, cit., pág. 508, nº 1200.

[24] LORENZETTI, Ricardo L., “Fundamentos de derecho privado”. Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, Buenos Aires, LL, 2016, pág. 197.

[25] GUFFANTI, Daniel Bautista El Derecho, [271] - (03/02/2017, nro 14.116) [2017] “El régimen de las obligaciones en moneda extranjera Regla general y excepciones. Como regla general es obligación facultativa. En todos los casos es obligación dineraria”.

[26] Conf. Art. 962 del Código Civil y Comercial de la Nación.

[27] CNCiv., Sala A, "Producción Animal SRL c/ B.M.I. s / Consignación" 05/04/2016; CNCiv., Sala F "A., J. A. y ot. c/ P. M. S.A. s/ Ejecución hipotecaria" 10/2015; CNCom., Sala F, "Unipox S.A. c/ Plastilit S.A. s / Ordinario" 17/05/2016; CApel.CC, Sala II - Mar del Plata "Errecalde, Fernando A. c / Alippi, Roberto C. s/ Ordinario" 20/10/2015; CApel.CC - Junín "Di Prinzio, Marcelo Ceferino y Otro/a c / Chiesa, Carlos Javier s/ Cumplimiento de Contratos" 14/02/2017; CApel.CC - Bahía Blanca "Carpo, Elena Nora c/ Peralta, Ceferino Víctor Alberto s/ Cumplimiento de Contrato.

[28] Consagrado en el Art. 958 del Código Civil y Comercial de la Nación: "Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres".

[29] Minoprio, César Carlos, “El boleto de compraventa, el ejercicio abusivo del derecho y la prohibición de ir contra los propios actos”, pag. 13.

[30] CSJN, 19/12/2006 “Bergada Mujica, Héctor c/ Provincia de Río Negro”, La Ley Online; CSJN 08/09/1998 “Estructuras Tafí S.A.C. e I. y otro c/ Provincia de Tucumán y otro”.

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Sede Central: Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Buenos Aires -  Argentina

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